Diálogos sobre transición justa con la sociedad civil en zonas de combustibles fósiles y extracción minera

Asistentes Taller Barrancabermeja – Proceso de actualización de la NDC 3.0 desarrollado comunidades de zonas de producción de hidrocarburos © Proyecto Interfaz/ GIZ Colombia

La crisis climática representa uno de los retos más urgentes de nuestra época, demandando acciones concretas y coordinadas tanto a nivel global como local. En este contexto, la participación activa de las comunidades locales es esencial para que la actualización de la NDC de Colombia en 2025 (NDC 3.0) sea inclusiva y efectiva. Estas comunidades, especialmente aquellas en zonas rurales, son tanto guardianas de conocimientos tradicionales como las más afectadas por los impactos del cambio climático. Sin embargo, su papel es aún más crítico en regiones que históricamente han dependido de actividades extractivas, como la minería de carbón y la producción de hidrocarburos. Por esta razón, se llevaron a cabo dos diálogos en Valledupar (27 de noviembre) y Barrancabermeja (4 de diciembre) apoyados por el proyecto IKI Interfaz, con un total de 80 participantes.

Incorporar a las comunidades de estas regiones en la NDC 3.0 es fundamental para garantizar una transición justa hacia economías bajas en carbono. La Transición Energética Justa planteada por el gobierno colombiano debe incluir alternativas económicas sostenibles y estrategias de reconversión laboral que respondan a las realidades locales. Las comunidades en estas zonas enfrentan desafíos únicos, como el deterioro ambiental, los impactos en la salud por la contaminación y la incertidumbre económica frente a la disminución progresiva de la demanda global de combustibles fósiles.

Se debe integrar el conocimiento local con enfoques técnicos e institucionales puede contribuir significativamente a cumplir las metas climáticas del país. La experiencia de las comunidades mineras y petroleras debe ser valorada no solo como un insumo técnico, sino como una herramienta para construir confianza y legitimidad en las políticas climáticas. Este enfoque garantiza que la acción climática de Colombia, además de cumplir con sus compromisos internacionales, promueva equidad social y desarrollo sostenible en los territorios históricamente afectados por la dependencia extractiva. 

Finalmente, se tuvieron algunas conclusiones de los espacios:

• En zonas mineras y de hidrocarburos, la desigualdad laboral para poblaciones vulnerables exige políticas inclusivas que impulsen una transición justa hacia una economía baja en carbono.
• Es crucial frenar nuevos proyectos extractivos, especialmente los no convencionales, y diversificar la economía para reducir la dependencia de estas actividades.
• La debilidad institucional para gestionar impactos climáticos y socioeconómicos requiere fortalecer entidades a cargo de políticas ambientales y sociales, garantizando la seguridad de líderes y comunidades.
• La falta de educación sobre cambio climático y producción minero-energética limita la participación comunitaria en adaptación y mitigación. – La gestión adecuada de recursos hídricos y biodiversidad es esencial, y la falta de regulación y transparencia en el extractivismo afecta negativamente a comunidades y entorno.